Desde esa época datan esfuerzos por lograr reconocimiento jurídico a sus asociaciones como fue la Sociedad de Socorro mutuo, que promovió en 1865 la primera huelga textil reconocida como tal en la Ciudad de México. Obvio es pensar en cómo terminó cuando sus promotores fueron encarcelados durante varios años.

La Sociedad política Fraternal, que luchaba por la igualdad del trabajo y el capital, la Sociedad de Meseros Unión y Concordia (1882), la Sociedad Esperanza (1874), fueron algunas de las organizaciones que impulsaron la creación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, apoyada por el Gran Círculo de Obreros (1872) hasta pasado el fin de siglo.

El avance fue muy poco según crónicas de la época. Fue en 1906 cuando el recién creado Partido Liberal Mexicano, organizado por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, lanzó un manifiesto en el periódico Regeneración, en el que pedían jornada de ocho horas de trabajo, reglamentar el servicio doméstico y de trabajo a domicilio, vigilar los destajos, prohibir el empleo a menores de 14 años, obligar a los dueños de las minas fábricas y talleres a mantener las mejores condiciones de higiene y seguridad, obligar a los propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a sus trabajadores, pagar indemnizaciones por accidentes de trabajo, extinguir las deudas de los jornaleros, impedir abusos con los medieros, pagar salarios con dinero en efectivo y suprimir las tiendas de raya, ocupar una mínima parte de los trabajadores extranjeros y pagar lo mismo que a los mexicanos, y finalmente, hacer obligatorio el descanso dominical.

Estas fueron las ideas que dieron origen a las huelgas de las minas de Cananea (1906) y de las fábricas textiles de Río Blanco, Orizaba, Veracruz (1907); a las que el Gobierno de Porfirio Díaz disolvió a sangre y fuego. Muchas personas, familias enteras encontraron la muerte en esos acontecimientos ocurridos en 1906 y, que antes de calmar las ansías de justicia de los trabajadores, las hicieron cada vez más grandes y con mayores demandas. Entre los grupos que más luchaban por integrar uniones para su defensa estaba el de los Petroleros que desde el primer gobierno de Benito Juárez trabajaban recogiendo petróleo de las chapopoteras (pozos petroleros que brotan espontáneamente) para patrones ingleses que lo destilaban muy rudimentariamente para extraer líquidos que usaban luminiscentes.

A la caída del Gobierno de Juárez y la instauración del Gobierno de Maximiliano, este concedió 80 concesiones (entre 1864 y 1866) para la explotación de las chapopoteras en base a las Ordenanzas Reales de la Minería que establecía: “asimismo concedo que se pueden descubrir, solicitar, registrar y denunciar en la forma refderida no solo las minas de oro y plata, sino también bitúmenos o jugos de la tierra”.

La lucha por organizarse no tuvo resultados deseables para los mexicanos. Al restablecerse la República a los norteamericanos Samuel Fairbun y George Dickson les fue concedido el permiso para construir una pequeña Refinería en Veracruz a la que bautizaron como El Águila en 1880.

Un año después la Standar Oil a través de su subsidiaria Waters Pierce Oil Co., puso sus plantas en México. El conocimiento de que México poseía un caudal enorme de petróleo, despertó la ambición de las compañías norteamericanas, inglesas, holandesas, etcétera, las cuales de inmediato solicitaron concesiones la Gobierno de Porfirio Díaz.

Para 1906 –época de las grandes huelgas obreras- más de 40 compañías entre grandes y pequeñas que se fusionaban entre sí, habían invadido ya el Norte y Centro de Veracruz y Tamaulipas con los pozos utilizaban a más de 40 mil trabajadores a los que controlaban con más de seis mil capataces extranjeros.

El maltrato a los Trabajadores Petroleros era constante, protegido además por leyes del trabajo que favorecían más a los inversionistas extranjeros que a los mexicanos. El Código Penal señalaba claramente una pena de prisión 4 a 6 años y una multa de mil pesos a quienes promovieran huelgas contra las empresas refinadoras.